Cooperativas Agroalimentarias de Granada denuncia que 17.600 agricultores y ganaderos de la provincia quedan excluidos de las ayudas directas del decreto aprobado por el Gobierno tras los daños del temporal, dejando fuera unos 63 millones de euros para comarcas que acumulan, una vez más, la misma exclusión histórica.
El presidente de la federación, Fulgencio Torres, compareció este 4 de marzo junto al director de la entidad, Gustavo Ródenas, para reclamar al Gobierno que revise el decreto de ayudas aprobado tras los daños del temporal. Torres valoró la rapidez del Ejecutivo al poner en marcha un Decreto Ley dotado con 2.700 millones de euros —2.100 de ellos en ayudas directas al sector—, pero señaló que varias comarcas granadinas han quedado fuera del listado de zonas beneficiarias pese a haber sufrido pérdidas comparables a las incluidas.
Las zonas excluidas son los Montes de Granada, la Alpujarra, Guadix, Baza y el Norte de Granada. Torres subrayó que no es la primera vez que estas comarcas quedan al margen: ya ocurrió durante la sequía, cuando también fueron excluidas de aquellas ayudas por otras circunstancias. "Da la casualidad de que siempre nos toca a la misma zona", afirmó.
"Un agricultor en zonas limítrofes de un pueblo con otro, con la misma raya imaginaria que los divide, puede tener los mismos daños o más y quedarse sin ayudas. Eso no lo entendemos." — Fulgencio Torres, presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Granada
Según los datos de la federación, las 34 cooperativas afectadas agrupan a productores que declararon una renta agraria de 222 millones de euros en el ejercicio anterior, con una media de unos 12.600 euros por agricultor. De acceder al decreto, recibirían en torno al 30% de esa renta —cerca de 5.000 euros por productor—, lo que en conjunto supone unos 63 millones de euros que la provincia no percibirá si no se corrige la delimitación.
Ródenas completó la exposición con mapas que evidencian que las comarcas excluidas coinciden precisamente con las de menor renta agraria y menor historial de apoyo público. La federación ha trasladado su posición a la Delegación del Gobierno, a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Agricultura, que respondió que estudia si es posible ampliar el decreto o articular algún mecanismo corrector.
Ante la falta de una respuesta concreta, la federación ha convocado una reunión con alcaldes de los municipios afectados y representantes de las cooperativas para valorar posibles actuaciones. Torres fue directo: "No vamos a admitir esta discriminación. Esperamos que ningún agricultor ni ganadero de nuestra provincia se quede sin el apoyo que necesita."
