La agricultura andaluza dispone de una nueva vía para acceder a financiación europea destinada a la digitalización del sector. La participación de la Junta de Andalucía en el partenariado internacional AgData sitúa al campo andaluz dentro de una iniciativa comunitaria orientada al desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en el uso avanzado de datos.
Este proyecto de cooperación europea, integrado en el programa Horizonte Europa, nace con el objetivo de coordinar inversiones, investigación y desarrollo de herramientas digitales aplicadas a la agricultura. La gestión eficiente de los datos se plantea como un elemento clave para afrontar retos como la adaptación al cambio climático, la sostenibilidad de las explotaciones y la toma de decisiones basada en información objetiva.
El partenariado cuenta con un presupuesto de 100 millones de euros para sus dos primeros años de funcionamiento, aunque la inversión total prevista alcanza los 300 millones a lo largo de sus siete años de duración. En él participan entidades de más de veinte países, lo que abre la puerta a proyectos transnacionales en los que Andalucía puede jugar un papel relevante.
La implicación en AgData permite a la comunidad autónoma mejorar su posicionamiento en las políticas agrarias europeas vinculadas al uso de datos y, al mismo tiempo, facilitar la cooperación entre administraciones, centros de investigación, universidades y empresas tecnológicas. Para el sector agrario, esto se traduce en nuevas oportunidades de financiación para desarrollar soluciones digitales aplicables tanto al ámbito público como privado.
La primera convocatoria competitiva de este programa permanece abierta hasta el próximo 21 de enero. Las propuestas deberán presentarse en consorcios formados, al menos, por tres entidades de tres países participantes y centrarse en el desarrollo de herramientas basadas en datos para una agricultura sostenible, la gestión de explotaciones o el diseño de políticas agrarias.
Entre los ámbitos de trabajo se incluyen la observación de la tierra, el seguimiento ambiental, la producción agraria, la inteligencia artificial o la computación aplicada al sector primario. El objetivo final es que la digitalización, incluida la de la Política Agraria Común, se traduzca en beneficios reales y medibles para las explotaciones, mejorando su eficiencia, resiliencia y competitividad.
