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El Ayuntamiento de Montilla estudia una Indicación Geográfica Protegida para la tonelería local

Editor Noticias 05 Marzo 2026

El Ayuntamiento de Montilla estudia si la tonelería local puede optar a una Indicación Geográfica Protegida (IGP), una figura europea que hasta hace poco solo amparaba productos alimentarios y que ahora se extiende a los artesanales e industriales.


El alcalde Rafael Llamas y el concejal de Desarrollo Económico, Valeriano Rosales, se reunieron este 5 de marzo con empresas del sector tonelero y con la Asociación de Empresarios de la Madera y el Mueble de Córdoba (UNIEMA) para explorar las posibilidades que abre el nuevo reglamento europeo en materia de indicaciones geográficas para productos no agrícolas.

La iniciativa parte del propio Consistorio, que lleva semanas trabajando en paralelo con la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, administración competente para tramitar este tipo de reconocimientos en el ámbito autonómico. Desde ambas instituciones se ha valorado positivamente el potencial de la propuesta.

 

 

En la reunión se analizaron los requisitos y el procedimiento de registro, así como las ventajas concretas que tendría la distinción: protección legal del nombre, freno a imitaciones y mejora de la posición del producto en mercados nacionales e internacionales.

La tonelería de Montilla es uno de los sectores industriales con mayor arraigo en la ciudad, ligada históricamente a su tradición vitivinícola. La obtención de una IGP no solo protegería el nombre y el prestigio del oficio, sino que podría convertirse en un argumento comercial de peso para las empresas locales.

"Esta herramienta reconoce la relación entre el producto, su origen y el saber hacer acumulado durante generaciones, algo que encaja perfectamente con la realidad de la tonelería en Montilla." — Valeriano Rosales, concejal de Desarrollo Económico, Ayuntamiento de Montilla

El Ayuntamiento ha trasladado al sector su disposición a facilitar los espacios de coordinación necesarios para avanzar en el proceso, siempre que exista consenso entre las empresas implicadas. El siguiente paso será determinar si se dan las condiciones para iniciar formalmente la tramitación.

 

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